SANTO DOMINGO.- RD. El juez del Juzgado de Atención
Permanente de la Provincia de Santo Domingo dictó ayer tres meses de prisión
preventiva en contra de una auxiliar médico, acusada de mala práctica por dos
mujeres, a quienes les habría inyectado una sustancia para agrandarles los
glúteos, provocándoles lesiones graves.
El magistrado Bernardo Coplin García dispuso el envío de la
imputada Yoenly Marisol Capellán Guzmán al Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo-Mujeres, hasta tanto el Ministerio Público concluya con
las investigaciones.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger una solicitud de
medida de coerción presentada por el fiscal adjunto Arolin Lemos Feliz, en
donde se acusa de usurpación de funciones, estafa, heridas por inobservancia de
las normas y violación a la ley general de salud.
La querella en contra de la imputada fue interpuesta por
Mariela Lara y Andris Estefani Cruz del Toro, a quienes acusan de inyectarle
una sustancia, provocándole lesiones graves de acuerdo al certificado médico
legal.
En la audiencia, la imputada Capellán Guzmán, propietaria
del Salón Estética Pura Belleza, del Ensanche Ozama, quien se vendía como
cirujana plástica y Especialista en Estética declaró que está capacitada para
hacer el procedimiento que hizo, y que no fue contratada como cirujana plástica
como alegan las querellantes, ni como centro ni como servicio, ni como
procedimiento.
Sostiene que las querellantes la contrataron fue como
cosmiatra esteticista, con una especialidad o taller avanzado en lo que es
auxiliar médico, ósea "puedo hacer el procedimiento que se le hizo a dicha
clienta, como a muchas más que son recomendadas por ellas mismas".
Mientras que, en el tribunal, Lara y Cruz del Toro
declararon que a raíz del proceso, comenzaron a sentir molestia, hinchazón de
las piernas, moretones y abscesos en ambos glúteos, y que no eran atendidas en
los centros de salud por su estado.
Cruz del Toro dijo que pagó 90 mil pesos por el proceso,
mientras que Lara pagó 50 mil pesos luego de llegar a un acuerdo de pago.
En la instancia de solicitud de medida de coerción figuran
dos certificaciones del Ministerio de Salud Pública y del Colegio Medico
Dominicano (CMD), donde hace constar que Capellán Guzmán no es doctora, ni
tampoco que posee ningún registro de actividad médico o sectorial.
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